Resoluciones

Asunto: 2024-3660

Fecha presentación: 28/07/2024

Código Res.: 2024-944

Fecha sanción: 29/08/2024

Título: REPUDIAR el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela

Resumen: REPUDIAR el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela, en las elecciones de fecha 28/07/2024, por la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Presentado por el Bloque Unión Cívica Radical, el día 26/08/2024, bajo el N°3660/2024.

Estado: Vigente

Autor:

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Texto completo:
FUNDAMENTOS

Que vistas las elecciones generales llevadas adelante el día 28/07/2024, en la República de Venezuela, donde resultó triunfador la oposición liderada por Corina Machado, quien fue proscripta al igual que decenas de dirigentes opositores, llevando entonces como candidato, Edmundo Gutiérrez.
Que la oposición ganó las elecciones por más del 60% de los votos.-
Ante ello la dictadura que comanda Nicolas Maduro, fraguó los resultados, autoproclamándose ganador de una contienda electoral que claramente le resultó adversa.-
Que este “triunfo” los sostiene con terrorismo de estado, represión, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y muerte, cualquier parecido con la década del 70 en nuestro país no es coincidencia.-
Que no contento con ello, utilizó el Tribunal Electoral, que maneja a su antojo, para anunciar el triunfo de la dictadura, sin mostrar una sola acta de escrutinio que acredite al menos el triunfo de Maduro en una urna.-
Al respecto la OEA dijo el 23 de agosto de 2024 “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza rotundamente el fallo emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en que “certifica” el material electoral supuestamente peritado y “convalida categóricamente” los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en los cuales declaró ganador a Nicolás Maduro en la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024. Esta Secretaría General reitera que el CNE proclamó a Maduro de manera apresurada, con base en un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaban imposibilidades matemáticas y sin presentar los resultados desagregados que, conforme con la ley, debe tabular mesa por mesa. Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como sí lo ha hecho la oposición con base en actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación el día de la elección. Dichas actas contienen todos los dispositivos de seguridad que las acreditan como auténticas y han sido sometidas a la verificación de la opinión pública y al análisis imparcial de expertos nacionales e internacionales. Esa apertura contrasta con la total opacidad de la autoridad electoral y del TSJ, cuyo comportamiento se ha caracterizado por la promoción de teorías de la conspiración y la emisión de anuncios y declaraciones sin ningún respaldo documental, rehuyendo, en todo momento, al escrutinio ciudadano y a la verificación imparcial. La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que tanto el TSJ como el CNE carecen de imparcialidad e independencia, y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Otros organismos internacionales, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Internacional de Juristas han advertido sobre la falta de independencia del TSJ. Por su parte, el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 declaró que tanto el CNE como el poder judicial son percibidos como “politizados y parciales”, lo que ha significado la pérdida de confianza en el proceso contencioso electoral. Resulta a todas luces evidente que Nicolás Maduro judicializó el proceso electoral con miras a buscar un sello de “legitimidad” por parte de un tribunal parcializado. Un Presidente no legítimo busca “legitimidad” en poderes del Estado que dependen de él. Burdo. Reconocer como válidos los resultados del CNE con base en la sentencia del TSJ es convalidar un fraude electoral y dar la espalda al pueblo venezolano que, en medio de una brutal ola de represión, ha continuado reclamando por su derecho a vivir en libertad. Era ridículo esperar que el TSJ ilegitimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano y actuara conforme a derecho, respetando el Estado de Derecho Democrático ya que el mismo es completamente inexistente en el país desde hace muchos años. Esperar bajo la inacción de la complementariedad respecto a este sistema judicial que falla completamente a sus obligaciones internacionales es prestarse nuevamente a las burlas del régimen bolivariano, quien sea que quiera hacerlo. Era, asimismo, impensable esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres, justas y transparentes, o que, aún fuera de ese marco, tuviera la mínima decencia para otorgar los resultados con un sentido aunque sea ínfimo de justicia. Este régimen no está dispuesto a entregar el poder, no está siquiera dispuesto a compartirlo. Para esta Secretaría General siempre fue así, y quedó demostrado cuando sugerimos algún esquema de coparticipación. La indiferencia del régimen a esa propuesta dejaba en claro que el camino del diálogo para una transición electoral estaría plagada de artimañas. Y lo estuvo. Si antes era impensable, hoy esperamos que quede claro que es ridículo confiar en que el régimen pueda cumplir acuerdos. Nada. Solo la indecencia absoluta de dar un resultado que no es verificable de ninguna manera. Con un simple análisis de este contexto era, asimismo, ridículo esperar que el régimen venezolano hiciera una transición hacia la democracia y el respeto a los Derechos Humanos. Al contrario, debíamos esperar más represión y más persecución política. Saludamos al pueblo venezolano, que aún en las peores condiciones políticas, sociales y económicas, sufriendo la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria de la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas. Ustedes, venezolanas y venezolanos, merecen todo nuestro respeto. Lamentablemente, por Venezuela y los Venezolanos, hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos diez años. Lamentablemente el régimen, que se ha burlado de tanto y tantos, nos ha dado nuevamente la razón, como tantas otras veces en el pasado. El único camino para Venezuela es el de la Justicia Internacional de la Corte Penal Internacional. Seguiremos insistiendo con este instrumento porque las víctimas y familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de la tortura, las víctimas y familiares de las víctimas de desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia. Estas víctimas han sufrido diez años de un régimen dictatorial que actúa bajo la más absoluta impunidad nacional e internacional. Continuaremos nuestras acciones para que esta impunidad se termine.”
El Centro Carter se expresó sobre la Elección en Venezuela “ATLANTA (30 de julio de 2024) — La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición…”
Esta dictadura atroz y sangrienta ha expulsado a más de 5.5 millones de venezolanos, que hoy se encuentra exiliados en distintos países de América y Europa, destruyendo familia, economía y todo un país entero, sumiéndolo en la pobreza extrema, la desesperanza y el terror.-
Es imperioso que los pueblos libres de América y el mundo, alcemos nuestra voz repudiando a la dictadura venezolana, sangrienta y atroz, encabezada por Maduro, como así también repudiar el fraude escandaloso cometido en las últimas elecciones, abogando por el respeto irrestricto de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y de la democracia.

Presentado por el Concejal Nicolás Montuori del Bloque Unión Cívica Radical.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DEPARTAMENTO UNIÓN, PROVINCIA DE CORDOBA, SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN N° 944/2024

Artículo 1°: REPUDIAR el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela, en las elecciones de fecha 28/07/2024, por la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.-
Artículo 2°: DENUNCIAR CON TOTAL REPUDIO las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población civil por parte de la dictadura venezolana, exhortando a los organismo nacionales e internacionales en la materia a que tomen cartas en el asunto para hacer cesar de manera inmediata el terrorismo de estado practicado por Maduro en Venezuela.-
Artículo 3°: ADHERIR al comunicado de prensa n° 401/24, de fecha 07/08/2024, emitido por Cancillería argentina, en el cual reconoce como legítimo ganador de las elecciones presidenciales de la República de Venezuela al Sr. Edmundo González Urrutia.-
Artículo 4°: EXPRESAR nuestra solidaridad a todo el pueblo Venezolano, en esta trágica época que le toca atravesar, brindado todo nuestro apoyo en esta titánica tarea de combatir la dictadura de Maduro y poder vivir en libertad.-
Artículo 5°: DIFÚNDASE la presente Resolución a todos los medios de prensa locales.
Artículo 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al R.M. y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.